Lucha contra el autoritario virus europeo: lo que sucede en Hungría

En los 10 años transcurridos desde que el gobierno del primer ministro húngaro Viktor Orbán y su partido FIDESZ han estado en el poder, la Comisión Europea ha intervenido directamente con los estados miembros (en inglés) cientos de veces para imponer recortes a la atención médica, a las pensiones y a los beneficios de desempleo, para promover la privatización de servicios públicos y limitar los derechos de negociación colectiva. Una ley de fecha 30 de marzo que, al amparo de la emergencia de COVID-19, faculta al Primer Ministro de Hungría para gobernar por decreto por tiempo ilimitado, para suspender la legislación vigente y para encarcelar por un plazo de hasta 5 años a los críticos de los medios de comunicación, y la Presidenta de la Comisión Europea ni siquiera puede mencionar al Primer Ministro o al gobierno infractor. 

Este creciente ataque a la democracia ha estado programado para un momento de máxima distracción. Si bien es evidente que esos poderes de emergencia fueron una respuesta a la crisis del virus, Orbán se ha aprovechado de la pandemia para promulgar una serie de decretos que no tienen nada que ver con la COVID-19. El gobierno ha adoptado medidas para reducir los ingresos fiscales de municipios gobernados por la oposición y ha introducido normas que permiten que las protecciones laborales establecidas por el código laboral y los convenios colectivos queden de lado por tiempo indefinido. Las prioridades legislativas actuales del régimen consisten en retirar el reconocimiento legal de las personas trans y hay una ley de reserva por diez años sobre la información de proyectos de construcción del gobierno, que han enriquecido a Orbán y sus secuaces.

Orbán no es el único jefe de estado que capitaliza la pandemia para llevar adelante una agenda autoritaria: Trump en Estados Unidos, el partido único de gobierno de China, Bolsonaro en Brasil, Erdogan en Turquía y el primer ministro indio Modi usan con habilidad la crisis, y esos países tienen un peso global incomparablemente mayor que Hungría. Pero la Unión Europea es la segunda potencia económica más grande del mundo y dice tener un compromiso constitucional con la democracia, los derechos humanos y, sí, con la "solidaridad".

Orbán ha estado construyendo sistemáticamente un sistema autoritario etnonacionalista en una sucesión de provocaciones calculadas. Las medidas tomadas camino a gobernar por decreto de emergencia no solo han violado los "valores" discretamente evocados por la presidenta de la Comisión, von der Leyen; todas fueron violaciones flagrantes de las leyes y tratados de la UE y de la legislación internacional de derechos humanos.

Por mencionar solo algunas: políticas que fomentan la violencia y la discriminación contra la población gitana empobrecida del país; la casi eliminación de los medios de comunicación independientes; control  del sistema judicial por parte del partido; legislación para criminalizar a los solicitantes de asilo e incluso a quienes abogan por ellos; negar alimentos a los migrantes confinados por la fuerza en una zona fronteriza; legislación que requiere que las ONG que reciben apoyo financiero del extranjero se registren como "agentes extranjeros"; una ley que permite que 400 horas extras anuales con pago diferido de hasta 3 años; activa promoción del gobierno de una teoría de la conspiración que alega un complot financiado de judíos para "descristianizar" Europa a través de la migración, flanqueada por un referéndum; y una reforma constitucional y de la ley electoral para permitir el control indefinido de los partidos. Con cada nuevo ataque a los derechos, la UE se ha retirado; el Partido Popular Europeo "de centro derecha", el grupo más grande en el Parlamento Europeo que incluye la CDU alemana de von der Leyen, ni siquiera logra expulsar al FIDESZ.

La rendición preventiva ante los crecientes ataques de Orbán contra la democracia ha envalentonado al Partido de la Ley y la Justicia de Polonia, que desde 2015 ha estado consolidando su control sobre los medios de comunicación y los tribunales. Al amparo del confinamiento, el gobierno ahora lleva adelante un ataque contra los derechos reproductivos de las mujeres, que fue derrotado por protestas callejeras masivas en tiempos más saludables. Los gobiernos autoritarios de los dos países se refuerzan y protegen recíprocamente. No va a ser eficaz tomar medidas contra uno solo, con la ineficacia de los procedimientos existentes, si no hay acciones simultáneas contra los dos gobiernos.

En una carta del 1° de abril a las autoridades competentes de la UE, el Secretario General de la CES, Luca Visentini, pidió medidas inmediatas para impugnar la ley de emergencia, incluido un mayor escrutinio de los fondos de la UE para Hungría. La iniciativa merece apoyo. Llega en un momento en que los sindicatos están abrumados por la emergencia del virus y el colapso económico, pero aún así es urgente, particularmente en vista de las tendencias autoritarias que se consolidan y hay que combatir a medida que el mundo intenta recuperarse de la pandemia.

Los desafíos jurídicos para el gobierno de Orbán en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hasta ahora no han tenido efectos; el procedimiento del Artículo 7 que potencialmente suspende los derechos de los Estados miembros necesita un amplio apoyo, que ahora no tiene; y el daño a la democracia no se reparará con la derogación de una sola ley. La destrucción es mucho más profunda.

A partir de 2010, la crisis financiera de la eurozona ha traído consigo muchos nuevos mecanismos e instituciones para imponer y exigir austeridad. ¿No podemos exigir nuevos mecanismos para detener con eficacia la propagación de un virus autoritario? Los sindicatos podemos abogar por medidas calibradas con precisión para aislar al gobierno de Orbán mientras brindamos el máximo apoyo a las fuerzas democráticas que luchan por defender su espacio cada vez más reducido dentro de Hungría.