Los ataques contra la dignidad y la seguridad de las mujeres en el trabajo y en la sociedad se han generalizado y crecen. Son pocos los gobiernos o empleadores dispuestos a tomar las medidas adecuadas para detenerlos. Por tanto, es urgente que los sindicatos apoyemos activamente el llamado del Relator Especial de las Naciones Unidas, sobre la violencia contra la mujer, a que exista un instrumento universal jurídicamente obligatorio a nivel de las Naciones Unidas.
¿Cuántos informes y pruebas más son necesarios para demostrar los vínculos entre las formas precarias de empleo y el acoso sexual en el trabajo antes de que se respete el derecho fundamental a un lugar de trabajo seguro? ¿Cuántos estudios más se necesitan para documentar la magnitud del sufrimiento y de las pérdidas para la sociedad generadas por la violencia de género? ¿Cuántos informes más sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en los conflictos armados son necesarios para persuadir a los gobiernos de su responsabilidad de proteger a las mujeres y a los niños de esas atrocidades?
En el Día Internacional de la Mujer de 2015 las organizaciones afiliadas a la UITA de la región de Asia/Pacífico se movilizan bajo el lema "Mujeres por la Paz" en respuesta al resurgimiento del militarismo en la región y a la militarización de la política que amenaza a la democracia y socava aún más la situación de las mujeres y la lucha por la igualdad.
Una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en octubre de 2000 señalaba el aumento de ataques contra mujeres, niños y niñas en conflictos armados. La resolución destacaba "el importante papel de las mujeres en la prevención y solución de conflictos y en la consolidación de la paz" y la necesidad de que las mujeres participaran plenamente en la toma de decisiones relativas a la prevención y solución de conflictos. Quince años más tarde, el uso estratégico de la violencia contra las mujeres ha crecido, mientras que la mayoría de las mujeres continúan excluidas de cualquier influencia sobre las medidas de prevención de conflictos.
La violencia de género sigue relegada a la "esfera privada", asegurando así que no se dediquen recursos, o que se asignen pocos recursos a detenerla y a la participación de las mujeres en los fundamentales procesos decisorios. Décadas de leyes blandas e "iniciativas voluntarias" han fracasado en generar lo que el Relator Especial denomina "respuestas apropiadas y también que se asuma la responsabilidad por los actos de violencia contra las mujeres, que son reconocidos como una violación generalizada y sistemática de los derechos humanos." Ello va a continuar mientras los gobiernos no estén dispuestos a hacer frente a las causas fundamentales de la discriminación de género y a hacer cumplir leyes, políticas y programas que verdaderamente promuevan la igualdad de género.
Es fundamental y decisivo que los sindicatos continuemos luchando por los derechos humanos, la dignidad y la seguridad de las mujeres en el ámbito nacional e internacional. Sigue sin existir una norma de la OIT que se ocupe específicamente de la violencia de género en el lugar de trabajo. El consejo de administración de la OIT pospuso dos veces el año pasado una respuesta al llamado Grupo de los Trabajadores para colocar la violencia de género en el programa del proceso de fijación de normas.
Este año, mientras seguimos exigiendo que la violencia contra las mujeres esté en la agenda de negociación colectiva, y continuamos la lucha contra toda forma de discriminación basada en el género, tenemos que organizarnos para asegurar que el clamor por la igualdad sea escuchado de una vez por todas y traducido en normas mundiales, empezando por la OIT.