¡Los derechos tienen que estar en el orden del día de la reunión de ministros y ministras de agricultura del G20!

La UITA, nuestra organización fraterna ISP, las organizaciones campesinas y los grupos de la sociedad civil que hacen campaña por el derecho a la alimentación han pedido que la reunión extraordinaria del 21 de abril, convocada a toda prisa, de ministros y ministras de agricultura del G20 incluya los derechos en el orden del día cuando analice las posibles alteraciones en el suministro de alimentos en la crisis de COVID-19.

La declaración conjunta enviada a gobiernos y ministerios del G20 subraya la amplitud de temas que es necesario abordar de inmediato para defender con eficacia el derecho a la alimentación y la nutrición. “Si bien los gobiernos deben coordinarse estrechamente para cuidar que no se interrumpa el suministro de alimentos que pongan en riesgo el acceso a la nutrición básica, es necesario garantizar que estas medidas no socaven la seguridad alimentaria, la salud y los medios de sustento de quienes producen alimentos para el mundo. El cierre de fronteras y las medidas de cuarentena han expuesto a la luz la extrema fragilidad de un sistema alimentario en el que 820 millones de hombres y mujeres padecían hambre crónica ya antes de la crisis del COVID-19 y 2 mil millones de personas sufrían de inseguridad alimentaria. La mitad de la población mundial que padece hambre son productoras/es de alimentos, campesinas/os y trabajadores/as asalariadas/os del sector agrícola. Su extrema vulnerabilidad en la crisis actual es la consecuencia de la negación sistemática de sus derechos básicos: el derecho a tener un lugar de trabajo seguro, el derecho a tener acceso a agua potable y saneamiento y vivienda digna, el derecho a formar sindicatos y negociar colectivamente, el derecho al cuidado de la salud y a la seguridad social. Estos derechos tienen que formar parte de la agenda del G20, y no simplemente como medidas frente a la crisis. Los países más ricos del mundo dependen para su alimentación del trabajo de millones de trabajadoras/es migrantes. Es inadmisible que los gobiernos, en su afán de garantizar el flujo de trabajadoras/es migrantes, no destinen recursos para proteger su salud, seguridad y medios de sustento, medidas que al mismo tiempo son vitales para mitigar la propagación del virus.”

Las medidas para mantener el movimiento transfronterizo de alimentos tienen que estar acompañadas de medidas que frenen la especulación relacionada con productos alimenticios, advierte la declaración, para evitar que se repita la "crisis de precios de los alimentos" que acompañó la crisis financiera de 2008 y sumió a millones de personas en el hambre y la pobreza.

La declaración advierte que las medidas de crisis no deben desviar la atención de la urgente necesidad de comenzar a reconstruir sistemas alimentarios “sobre nuevos cimientos del sistema alimentario que agota el suelo, contamina el agua, destruye rápidamente la biodiversidad, impulsa la crisis climática e incuba pandemias futuras. El sistema alimentario es sumamente vulnerable a las turbulencias debido a que depende de insumos externos y largas cadenas de suministro.”

Una respuesta política coherente a la crisis actual y en lo sucesivo tendría que estar coordinada por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU, donde se encuentran representadas organizaciones sindicales, campesinas y de la sociedad civil. La respuesta se debe basar en nuestra experiencia colectiva y en el entendido de que el derecho universal a la alimentación es inseparable de los derechos de quienes producen alimentos.

Se puede leer la declaración completa y la lista de signatarios AQUÍ.