Defensa de la población trabajadora agrícola, en la pandemia y en lo sucesivo

A medida que las fronteras se cierran una tras otra, la inminente escasez de mano de obra en la agricultura y la situación particularmente vulnerable de trabajadoras y trabajadores agrícolas en todas partes destacan los precarios cimientos de la seguridad alimentaria y un importante desafío no examinado para contener la propagación del virus. Para mantener el suministro de alimentos durante la defensa contra la propagación del virus, los gobiernos y las autoridades supranacionales tienen que tomar medidas inmediatas que protejan las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras y trabajadores agrícolas cuyos trabajos alimentan al mundo.

Más de mil millones de personas en todo el mundo se dedican a la agricultura. Alrededor del 40% por ciento de esas personas tienen empleo como asalariadas: las mujeres y los hombres que trabajan en establecimientos agrícolas, plantaciones, horticultura, invernaderos, producción lechera y ganadera. En muchas partes del mundo, son en gran medida invisibles, pero la sociedad global reposa sobre sus espaldas.

La población trabajadora agrícola sufre altos niveles de pobreza extrema, precariedad, informalidad y niveles debilitantes de enfermedades, lesiones y otros problemas de salud relacionados con el trabajo. Solamente el 5% de la población trabajadora de la agricultura tiene acceso a un sistema de inspección laboral o protección legal de sus derechos de salud y seguridad. En muchos países, incluidos algunos de los más ricos, las autoridades públicas están ausentes del campo; hay bandas criminales y traficantes que dictan las leyes. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la agricultura carece de acceso a agua potable y saneamiento decente. Muchas de estas personas son migrantes, que cruzan fronteras y van de cultivo en cultivo. Trabajando en plantaciones o moviéndose de un establecimiento a otro, viven donde trabajan, y sus condiciones de vida y de trabajo en hacinamiento, insalubres e indecentes son una gigante placa de Petri para propagar enfermedades infecciosas.

Una emergencia sanitaria global nos presenta la básica verdad de que "sin estas trabajadoras y trabajadores, todo deja de existir", como declaró hace poco el vicepresidente de la Asociación de productores de manzanas de Estados Unidos. Los productores estadounidenses están luchando para garantizar el suministro agrícola después del cierre de la frontera con México. Pero, ¿quién garantizará la salud y la seguridad de trabajadores y trabajadoras agrícolas cuyo trabajo se necesita ahora, incluso mientras el virus se propaga?

Se necesitan medidas específicas para proteger la salud de las personas trabajadoras agrícolas, para proteger a la población en general y garantizar la afluencia de suministro de alimentos. No se va abordar la crisis potencial en la producción de alimentos si se la trata simplemente como flujo de caja temporal o como un cuello de botella en la oferta laboral.

Una carta del Comisionado de Agricultura de la Unión Europea, Janusz Wojciechowski, del 19 de marzo, dirigida a los ministros de agricultura de la UE señala que "el bloqueo en muchos Estados miembros causará dificultades extremas en muchos sectores, incluido el sector agroalimentario" y llama a tomar medidas "para apoyar los esfuerzos de nuestros productores y productoras agropecuarios, de la industria agroalimentaria y de los comercios de la alimentación, para continuar asegurando la cadena de suministro de alimentos”. ¿Las "dificultades extremas" se aplican a trabajadoras y trabajadores vulnerables y explotados? ¿Las "medidas" incluyen garantizar el suministro de jabón, agua potable, desinfectante, equipo de protección y servicios médicos para las trabajadoras y los trabajadores? ¿Medidas de apoyo a los ingresos? ¿Comida y viviendas para trabajadores y trabajadoras que permitan el distanciamiento social y la cuarentena? ¿Pago por enfermedad? ¿Ayuda cuando sufren depredaciones de  bandas criminales?

En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional, organismo sin experiencia en el tema, ha anunciado que "Promover la capacidad de nuestros trabajadores y trabajadoras dentro de la industria alimentaria y agrícola para continuar trabajando durante períodos de restricciones comunitarias, distancia social y órdenes de cierre, entre otras, es crucial para la continuidad y la resistencia de la comunidad ". La orientación es ejecutada por los estados individuales. El Departamento de Agricultura del estado de Pensilvania ha declarado, de manera prometedora, que "el papel de la agricultura es incuestionable: el acceso a los alimentos es un derecho; necesitamos la agricultura local ahora más que nunca". Sin embargo, su "orientación" específica simplemente establece que trabajadoras y trabajadores deben recibir información sobre medidas de desinfección y evitar las multitudes; y que hay que enviar a trabajadoras y trabajadores enfermos a su casa. Pero los trabajadores necesitan más que información; necesitan jabón, agua, desinfectante y equipos de protección. Para evitar las multitudes, necesitan transporte, alojamiento y que se dispongan adecuadamente las comidas. ¿Y dónde es la "casa" de las personas migrantes?

A medida que el virus se propaga, no hay indicios de que los países aborden el alcance y las causas profundas de la posible crisis en el sistema alimentario y se preparen en consecuencia. En los organismos internacionales no se ve una tendencia mejor. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) elaboró un conjunto de preguntas y respuestas sobre los efectos del COVID-19 en la alimentación y la agricultura, una de las cuales plantea: «¿La seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de quién están en mayor riesgo debido a la pandemia?» No se menciona a los trabajadores ni a las trabajadoras en la respuesta. Un informe de la OIT de fecha 18 de marzo (Covid-19 y el mundo del trabajo: efectos y respuestas) no tiene nada que decir sobre el impacto específico en trabajadoras y trabajadores agrícolas y las consecuencias para la seguridad alimentaria.

Debe haber importante financiamiento abierto de los gobiernos nacionales y de las instituciones internacionales a disposición de inmediato para garantizar adecuada protección y un trabajo seguro para la población trabajadora agrícola como medida elemental para proteger la salud pública y la seguridad alimentaria. Se necesitan medidas estrictas, aplicadas en el lugar de trabajo, para proteger contra el robo de salarios y la intensificación del trabajo. Cuando hay escasez de mano de obra, se debe organizar rápidamente, con supervisión democrática, la contratación de mano de obra adicional, con garantías de salario digno para todas las personas establecido por convenio con los sindicatos. El suministro de agua potable y la higiene adecuada tienen que ser la prioridad inmediata. Se deben organizar rápidamente el transporte y la vivienda en condiciones de seguridad para permitir la continuidad de la producción y distribución, al tiempo que se protege la salud de las trabajadoras, los trabajadores y la comunidad en general. Será necesario que los gobiernos intervengan cuando los empleadores no estén dispuestos o no puedan hacerlo.

Las personas migrantes que estén varadas en estas circunstancias son un activo. Ahora es el momento de aprovechar el conocimiento y la experiencia de trabajadoras y trabajadores que durante demasiado tiempo se consideraron "no calificados" y descartables. La población trabajadora agrícola y sus sindicatos tienen que desempeñar un papel integral, a escala local, nacional e internacional, en la planificación y ejecución de medidas de emergencia, incluida la expansión de la producción local.

El Convenio 184 de la OIT sobre seguridad y salud en la agricultura se aprobó en 2001. El Convenio tiene por objeto garantizar a los trabajadores y trabajadoras agrícolas los mismos derechos a condiciones laborales seguras y saludables que otros trabajadores y trabajadoras. Establece el derecho de los trabajadores y trabajadoras de la agricultura "a participar en la aplicación y examen de las medidas de seguridad y salud y, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, a escoger a sus representantes en la materia y a sus representantes en los comités de seguridad y salud" y "apartarse de cualquier peligro derivado de su actividad laboral cuando tengan motivos razonables para creer que existe un riesgo inminente y grave para su seguridad y su salud, y señalarlo de inmediato a su supervisor. Los trabajadores y trabajadoras no deberán verse perjudicados por estas acciones.”

También exige medidas “para garantizar que los trabajadores y trabajadoras temporales y estacionales reciban la misma protección en materia de seguridad y salud que la concedida a los trabajadores y trabajadoras empleados de forma permanente en la agricultura”, y exhorta a la inclusión de las trabajadoras y los trabajadores agrícolas en la cobertura de los regímenes de seguro o de seguridad social y enfermedad equivalente a la ofrecida a trabajadoras y trabajadores de otros sectores.

Estos derechos son una línea de acción, en la crisis actual y en lo sucesivo. El pago universal por enfermedad no es una "medida de crisis", para rescindirla en seguida que se logre aplanar la curva de transmisión. La pandemia ha dejado en evidencia la locura que ha sido destruir la salud pública para alimentar el apetito de los inversores. Ahora nos enfrentamos a la fragilidad de un sistema alimentario que elimina a quienes nos alimentan. Se necesita invertir en gran escala para proteger la salud y la seguridad de la población trabajadora agrícola para combatir el coronavirus, y esa inversión debe continuar de manera permanente cuando termine esta crisis.